El plan de Trump para la IA: dominio federal, sin leyes estatales y mínima regulación

El nuevo plan de política de IA de la administración Trump, publicado el viernes, sostiene que el gobierno federal debe impedir que los estados establezcan sus propias normas sobre inteligencia artificial, y que el Congreso no debería crear ningún nuevo organismo regulador para esta tecnología. El argumento central: la IA es “un fenómeno intrínsecamente interestatal con implicaciones clave en política exterior y seguridad nacional”, y cincuenta marcos normativos discordantes impedirían el objetivo nacional de alcanzar el dominio global en IA.

El plan de siete puntos es una lista de deseos legislativos, no legislación vigente. Cada medida requiere la aprobación del Congreso.

Qué dice el marco regulatorio

La protección de la infancia es el único ámbito donde la administración está dispuesta a regular. El documento reclama legislación similar a la Take It Down Act —promulgada en mayo de 2025 y que obliga a las plataformas a eliminar rápidamente imágenes íntimas generadas por IA sin consentimiento— y propone requisitos de verificación de edad para servicios de IA accesibles a menores. También limitaría el entrenamiento de modelos con datos de menores y restringiría la publicidad dirigida a niños.

Sobre derechos de autor, el documento pide explícitamente al Congreso que no intervenga. “Aunque la Administración cree que el entrenamiento de modelos de IA con material protegido por derechos de autor no viola la ley”, dice, “reconoce que existen argumentos contrarios y por tanto apoya dejar que los tribunales resuelvan la cuestión.” En la práctica: ninguna ley sobre datos de entrenamiento; que los pleitos sigan su curso.

El marco extendería las protecciones federales sobre la imagen —creando en la práctica una ley nacional de derechos de imagen que cubriría réplicas de voz y apariencia generadas por IA— con excepciones explícitas para la sátira, la parodia y el periodismo.

La contradicción Anthropic

El documento pide al Congreso que impida la “coerción” gubernamental sobre proveedores de IA para “prohibir, imponer o alterar contenidos por agendas partidistas o ideológicas”, y que dé a los ciudadanos vías legales si los organismos públicos censuran plataformas de IA. Esto llega semanas después de que el presidente Trump ordenara a las agencias federales excluir a Anthropic —calificada de “empresa de IA de la izquierda radical”— por establecer límites al uso militar de sus modelos, una medida que Anthropic recurre como vulneración de la Primera Enmienda.

El documento no aborda esa contradicción.

Centros de datos y costes eléctricos

La administración intenta cuadrar un círculo en materia de infraestructuras. Quiere agilizar los permisos federales para la construcción de centros de datos y facilitar que los operadores instalen generación eléctrica propia. Pero también exige que el Congreso garantice que “los residentes no soporten un aumento de la factura de la luz como consecuencia de la construcción de nuevos centros de datos de IA”. Si se puede acelerar la construcción y a la vez garantizar que las tarifas no suban es una pregunta que el documento no responde.

El contexto más amplio

El marco continúa un intento que hasta ahora ha fracasado: llevar casi un año presionando para aprobar una ley federal de preemisión en IA sin éxito. Estados como California, Texas y Colorado siguen avanzando con su propia legislación. El plan Trump es explícito: eso debe terminar.

Para las empresas de IA, el marco es en gran medida favorable: ningún nuevo regulador, los tribunales gestionan los derechos de autor, los estados no pueden añadir obligaciones. La contrapartida es el cumplimiento de las normas de protección infantil y la imprevisibilidad de una administración que ya ha utilizado la contratación pública como arma contra al menos un gran laboratorio de IA.