Un juez de Nuevo México obliga a Meta a pagar 567 M$ y a rediseñar Instagram para menores

Meta deberá aportar 567 millones de dólares a un fondo de reparación en salud mental infantil, según resolvió esta semana el juez Bryan Biedscheid, del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, en Santa Fe. La cifra se suma a los 375 millones en sanciones civiles que un jurado impuso en marzo, cuando concluyó que Meta violó la ley de prácticas comerciales del estado al tergiversar la seguridad de Facebook e Instagram para menores.

Exposición total en un solo estado: 942 millones de dólares.

El dinero importa menos que lo que viene con él. Del fondo de reparación, 420 millones están destinados a servicios de tratamiento para jóvenes —cribado, prevención y atención clínica— repartidos a lo largo de cinco años. Los fondos de abatement son la estructura de reparación heredada de los litigios por opioides, y su uso aquí indica que los tribunales están dispuestos a tratar el daño adolescente asociado a las redes sociales como un coste de salud pública que el demandado debe limpiar, no como una simple partida de daños.

Después llegan las medidas cautelares, y ahí es donde los equipos de producto deberían prestar atención. La orden obliga a Meta a:

• Eliminar el contador de Likes para usuarios menores de 18 años en Nuevo México, mostrándolo solo con autorización de padre o tutor.
• Suspender las notificaciones push a menores entre las 22:00 y las 7:00.
• Limitar el uso de esas cuentas a 90 horas mensuales.

Un tribunal está fijando ahora la mecánica de engagement. No requisitos de transparencia ni política de verificación de edad: el calendario real de notificaciones y la visibilidad de un contador de prueba social. Meta lleva una década argumentando que son decisiones editoriales y de diseño protegidas justamente frente a este tipo de intervención. Ese argumento perdió.

El tope de 90 horas es lo más agresivo. Unas tres horas diarias, aplicadas a nivel de plataforma, para cada cuenta de menor en un estado. Meta tendrá que construir un control de cuentas resuelto por estado que hoy no existe: feature flags condicionados por geolocalización cuenta a cuenta, y una vía de apelación cuando esa geolocalización falle.

Ese coste de ingeniería es el precedente. Una vez que la fontanería existe para Nuevo México, cualquier otro fiscal general con un caso abierto tiene una petición mucho más barata. Meta enfrenta demandas de decenas de estados por reclamaciones prácticamente idénticas, y exigir un menú de remedios estado por estado resulta trivial cuando el demandado ya demostró que puede cumplirlo.

Se espera que Meta apele. La batalla girará en torno a las medidas cautelares, no a la cifra: 942 millones equivalen a unos dos días de ingresos de Meta, mientras que un rediseño de producto para menores impuesto judicialmente y replicado por estados es estructural.

El veredicto no estaba realmente en duda desde marzo. Lo que cambió esta semana es que un juez decidió que la solución no era un cheque.

Fuentes

• CNBC
• TechCrunch