La sentencia que podría fragmentar el negocio publicitario de Google es inminente — el DOJ exige la venta de AdX y DFP

Una jueza federal podría emitir esta semana su resolución sobre si Google debe vender su bolsa de publicidad AdX y el servidor de editores DoubleClick for Publishers (DFP) — el núcleo estructural de su monopolio en publicidad digital. La fase de responsabilidad ya ha concluido: la jueza Leonie Brinkema, en el Distrito Este de Virginia, determinó que Google monopolizó ilegalmente los servidores de anuncios para editores y los mercados de anuncios. Lo que queda es la medida de reparación, y las dos partes están en puntos diametralmente opuestos.

El Departamento de Justicia, junto con 17 fiscales generales estatales, exige la desinversión forzosa. Google vende AdX, vende DFP y abandona completamente el negocio de infraestructura publicitaria del lado del editor. De ordenarse, sería la ruptura corporativa forzada más significativa en Estados Unidos desde que el Departamento de Justicia dividió AT&T en 1984.

Google defiende lo contrario: solo medidas conductuales. La empresa propone permitir a los competidores acceder a sus sistemas en condiciones no discriminatorias, añadir requisitos de transparencia y realizar cambios en las API que abran nominalmente el mercado sin que Google tenga que desinvertir nada. El argumento es que las medidas estructurales perjudicarían al ecosistema publicitario en lugar de mejorarlo.

La jueza Brinkema se había fijado un plazo interno al 31 de marzo y no lo cumplió. Los observadores jurídicos interpretan el retraso como señal de que está sopesando la medida con una cautela inusual, sin decantarse por la propuesta de ninguna de las partes. La sentencia se espera en cualquier momento.

Las implicaciones van mucho más allá del ad tech. Google combate simultáneamente una segunda acción del Departamento de Justicia — presentada junto con 38 fiscales generales estatales en febrero de 2026 — sobre las medidas en su caso de monopolio en Search. El enfoque de la resolución del caso de ad tech podría establecer una plantilla sobre la agresividad con la que los tribunales están dispuestos a reestructurar plataformas tecnológicas dominantes. Si Brinkema ordena la desinversión de AdX y DFP, el poder de negociación del Departamento de Justicia en el caso de Search aumenta considerablemente.

Para la industria publicitaria, una venta forzosa reconfigurarían el mercado de forma fundamental. AdX procesa cientos de miles de millones de impresiones al año. Un AdX independiente — ya no propiedad de la empresa que también compra inventario publicitario a través de su propio DSP — eliminaría el conflicto estructural más evidente que los editores han denunciado durante una década: Google arbitrando un mercado en el que también participa.

La desinversión no arreglaría la publicidad en línea de la noche a la mañana. El stack programático tiene demasiados actores enquistados y demasiadas capas opacas para que una sola orden judicial lo resuelva todo. Pero establecería que los monopolios digitales no son inmunes a las medidas estructurales, y eso cambia el cálculo de todas las plataformas dominantes que siguieron el mismo manual que Google.

La sentencia, cuando llegue, será una de las decisiones antimonopolio tecnológicas más trascendentes de una generación.